¡Buenas noches, audiencia! Aquí el viejo Manolito, acomodándose la corbata y ajustándose los anteojos para no perderse el último acto de esta obra de teatro que llamamos «gestión pública».
Lo que estamos viendo en el Ministerio de Producción no es una novedad, es el manual de estilo de quien se queda sin argumentos frente a los números. Cuando una administración, sea del color que sea, decide que la mejor forma de lidiar con un reclamo salarial es enviando a las fuerzas de seguridad a prohibir hasta el sonido de un aplauso, lo que realmente está admitiendo es una bancarrota ética y política.
El análisis del veterano
Los trabajadores denuncian recortes del 80% en el Fondo Estímulo Productivo. Hablemos claro: en un contexto donde el costo de vida no se toma vacaciones y la inflación, aunque haya bajado su velocidad, sigue erosionando el bolsillo del trabajador, recortar el 80% de un ítem que compone el sueldo no es «optimización», es un tiro de gracia a la capacidad de subsistencia.
La paradoja es deliciosa y amarga a la vez: un gobierno que llegó con banderas de orden y eficiencia termina recurriendo al orden judicial para silenciar a quienes producen. Es la vieja lógica del «apriete»: si no puedo explicar por qué te quito el dinero, te prohíbo que me lo preguntes. Lo que preocupa no es solo el recorte —que es grave—, sino la institucionalización del silencio. ¿Desde cuándo aplaudir es una contravención? ¿Desde cuándo el pasillo de la casa de todos es territorio vedado para el contribuyente?
Históricamente, en mis 30 años de calle, he visto que todo gobierno que intenta amordazar la protesta termina siendo devorado por el eco de su propio silencio. La gestión Zdero parece haber olvidado que en Chaco, la historia se escribe con los pies en la calle, no con circulares prohibiendo aplausos.
Pregunta para el debate
Ahora bien, pongamos los puntos sobre las íes. Si la provincia atraviesa una crisis presupuestaria real —como sostienen los despachos oficiales—, ¿por qué se elige recortar específicamente el fondo de los trabajadores y no revisar otras estructuras de gasto menos vitales? ¿Estamos ante una necesidad económica real o ante un disciplinamiento político disfrazado de austeridad?
