Lo que ocurrió en la calle Lynch Arribalzaga al 3500 no es un «hecho aislado», como suelen repetir ciertos voceros oficiales para limpiar su imagen en los partes de prensa. Estamos hablando de un homicidio a plena luz o sombra, ejecutado por una patota —se habla de al menos seis individuos— que se desplaza con total impunidad. Cuando un grupo de tal magnitud puede acribillar a una persona en plena vía pública y retirarse como si nada, el mensaje que se le envía a la sociedad es claro: el monopolio de la fuerza ya no pertenece al Estado, sino al mejor postor o al más violento del barrio.
Desde mis más de 30 años recorriendo los tribunales y las calles de esta provincia, he visto cómo la degradación de la seguridad no es fruto del azar, sino de la desidia institucional. Los datos no mienten: la inseguridad en Resistencia ha dejado de ser una percepción para convertirse en una estadística alarmante de ejecuciones que se normalizan. ¿Dónde está el despliegue preventivo en la Zona Sur? ¿Qué pasó con los mapas del delito que tanto prometen actualizar?
La realidad es que, mientras los autores siguen prófugos, la burocracia judicial avanza al ritmo de un caracol con reumatismo. No es solo falta de patrullaje; es un sistema que ha perdido la capacidad de disuasión. La falta de condenas firmes y la demora en las investigaciones terminan siendo el mejor incentivo para que este tipo de «ajustes» se multipliquen. Si el Estado no garantiza la seguridad básica, ¿qué nos queda? ¿El sálvese quien pueda?
Aquí les planteo una duda para que no me digan que soy el único que piensa: Si la policía conoce los puntos críticos de venta de estupefacientes y las zonas de influencia de estas bandas, ¿por qué los operativos de inteligencia fallan sistemáticamente cuando el delito salta a la vista en plena calle?
Es momento de dejar de lado los comunicados políticamente correctos y exigir resultados. La seguridad es la base de cualquier contrato social, y hoy, en Resistencia, ese contrato está hecho jirones.
